El Gobierno cubano anunció esta semana un nuevo “plan de acciones” como parte de la “corrección de distorsiones” de la economía cubana, generadas fundamentalmente tras la Tarea Ordenamiento. El análisis tuvo lugar durante el Tercer Período Ordinario de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) en su X Legislatura y busca como objetivos:

 

• Estabilización macroeconómica

• Incremento de ingresos externos

• Desarrollo empresarial y formas de gestión no estatal

 

Entre los acuerdos se encontraron:

 

• Acciones regulatorias en materia fiscal

• Política de precios: Regulación de precios para la comercialización minorista de productos de alta demanda

• Dolarización parcial de la economía: Establecimiento de pagos de aranceles en divisas a las importaciones del sector no estatal; implementación gradual y selectiva de cobros en divisas a servicios portuarios; implementación de cobro en efectivo en divisas en determinadas actividades y sectores como el turismo

• Re-dimensionamiento del mercado cambiario.

 

Otros acuerdos que acompañan lo anterior fueron el reforzamiento del cuerpo de inspectores, el cierre de empresas que subdeclaren, el fortalecimiento de los sistemas de pago electrónicos, así como la certificación de la licitud de los fondos. El primer ministro Manuel Marrero anunció, además, una “nueva ley de empresas” a publicarse en septiembre próximo.

 

 

Impacto previsto de las principales medidas en la inseguridad alimentaria

 

En el continuo esfuerzo por recaudar divisas, la principal medida según la información suministrada por las autoridades es el aumento de la dolarización. Para ello el primer ministro explicó que Cuba mantiene afectaciones en las cuatro principales fuentes de ingresos de divisas del país: exportaciones de bienes y servicios, inversión extranjera, acceso a créditos externos, y remesas. Con “afectaciones” se refirió a la “interferencia” de fondos, empleados para actividades personales “legales o ilegales”.

 

En los últimos cinco años el Gobierno cubano ha intentado canalizar y absorber la mayoría de las divisas entrando al país, tomando medidas polémicas como la creación de tiendas MLC y la reconducción de productos de primera necesidad hacia esta red de pago en tarjetas de crédito, en divisa y desde el extranjero. Sin embargo, más que cumplimentar lo esperado, estas tiendas no han tenido la oferta ni la demanda esperada. Han presentado importantes niveles de desabasto mientras una mayoría de los cubanos, que no recibe remesas, no tiene forma de acceder a estos mercados. Ello ha llevado finalmente a una mayor profundización de la diferenciación socioeconómica en la Isla.

 

El Gobierno también anunció la imposición de un mayor cobro en la frontera y el pago en divisas de los aranceles a las importaciones del sector no estatal, así como la recepción de divisas en efectivo en el sector turístico. Las mismas autoridades admitieron que esta medida no se había llevado a cabo por “contribuir a la dolarización de la economía e ir en contra del proceso de bancarización”. Esta última improvisación económica del Gobierno cubano es justificada dentro de “un escenario de economía de guerra” sin admitir que persisten mayores obstáculos determinantes en la devaluación del peso cubano tales como la ausencia de un mercado cambiario formal y la falta de liquidez de las entidades bancarias. Estas medidas representan otra grave afectación para las FGNE, entidades que mayores garantías aportan a la seguridad alimentaria en el país a partir de las importaciones de alimentos.

 

@FoodMonitorP advierte que, esta postura política de preservar el control aún ante un escenario tan precario como el actual, no solamente puede profundizar la devaluación del peso cubano (ya que los emprendedores deberán continuar acudiendo a un mercado informal en ausencia de un sistema cambiario real), sino que incrementará la inflación en los precios de los alimentos, dificultará aún más el acceso a los mismos, mientras que las familias continuarán perdiendo capacidad de acceso como ha ocurrido desde la Tarea Ordenamiento. Medios independientes también advirtieron, entre otros efectos indeseados, el aumento de los costos operativos de las Mipymes, traduciéndose en un aumento de precios finales, o en una escasez de productos de mayor demanda.

 

En general, esta improvisación económica y el peso regulador de las medidas elimina oportunidades de inversión en la Isla, vista como un escenario inestable para emprender negocios, lo que impacta a largo plazo el desarrollo económico nacional. Igualmente, dada la naturaleza criminogénica de las crisis económicas, esto puede conllevar a un aumento de la inseguridad ciudadana. Además, vale señalar que, las regulaciones “a dedo” y sin peso en la realidad han contribuido históricamente a un mayor protagonismo del mercado negro y de transacciones informales en la sociedad.

 

Discurso criminalizador

 

A lo largo de la intervención en el día de ayer el mensaje oficial priorizó frases que adelantaban daños a la reputación de actores económicos relevantes en el país. En consecuencia, ante el desvío de recursos fuera de los ámbitos de control del Estado, el Gobierno declaró una “usurpación” de las divisas por parte de las FGNE, así como un “enriquecimiento” de los privados y una “diversificación” e “implicación ilegal” de personas en estas actividades. Aunque no se descarte el incremento de actividades ilícitas, algo recurrente en autocracias que tienen dominio de los sistemas agroalimentarios, es al menos cínica esta postura revisionista habiendo admitido hace tres meses la corrupción y lavado de dinero en las altas esferas del ministerio de economía en Cuba.

 

Ante el crecimiento del sector, que el Gobierno hace apenas tres años aprobó, y que ha diversificado y circunnavegado la crisis económica en Cuba, se repiten maniobras de control y criminalización en lo que se interpreta como una nueva ofensiva contra el sector. Las autoridades han prometido “mano dura”, “orden y disciplina” contra la corrupción y la evasión fiscal de estas entidades a las que también acusa de “tendencias negativas”, una frase que también ha utilizado el discurso oficial desde la década de los 60 para justificar reacomodos autocráticos.

 

@FoodMonitorP recuerda que, con una inflación galopante, el desplome del peso cubano en el mercado informal, el retroceso del 67% de la producción de alimentos nacional, el serio déficit fiscal (22% del PIB), los análisis concluyen la presencia de una crisis aún más aguda que la del llamado Periodo Especial. Ante este precario panorama, el Gobierno continúa criminalizando y regulando arbitrariamente sin aportar soluciones efectivas a la crisis multisectorial presente en el país. La tendencia al decisionismo burocrático, a la desviación de responsabilidades y a la ordenación arbitraria a partir de regulaciones no consensuadas, se anquilosa cada vez más en un proceso deliberativo viciado y sin respaldo en la revisión ciudadana.