En agosto del 2023 el Gobierno cubano aprobó un programa de bancarización que exigía transacciones digitales para cobros y pagos en la población. En paralelo, se dificulta cada vez más la extracción de efectivo en los cajeros automáticos, por lo que los cubanos tienen más problemas para recibir sus cobros o jubilaciones, sus ahorros y capital bancario también está restringido. En un país con relativo atraso tecnológico, deficiente conexión de Internet, y una elevada desigualdad económica, las personas con acceso a telefonía móvil inteligente y conexión segura no son la mayoría, por lo que este tipo de pagos genera mayor segregación y precarización de la vida. En mayor estado de precariedad se encuentran personas de ingresos bajos y adultos mayores sin destrezas digitales. También se ven afectados los negocios privados pequeños y los vendedores ambulantes, ahora sujetos a multas si no aceptan transferencias. En este escenario, la devaluación del peso cubano se ha profundizado, así como la inseguridad alimentaria. En los meses siguientes Food Monitor Program realizó una encuesta focalizada en ocho ciudades del país para evaluar el impacto de esta medida en la población.