Entre febrero y marzo del presente año, el gobierno cubano ha reconocido públicamente su incapacidad para suplir dos alimentos tan básicos como el pan y la leche.

 

Desde hace más de tres décadas, el Estado solo garantiza la leche para los menores de 7 años; edad a partir de la cual los niños cubanos pierden el derecho a este lácteo. Sin embargo, aunque la población infantil en Cuba va decreciendo cada vez más debido al envejecimiento poblacional, la emigración y la profundización de la crisis económica en el país, el abastecimiento de leche infantil se ha venido retrasando y disminuyendo en el último decenio e incluso ha llegado a ser sustituido en la etapa de 3 a 7 años por refresco vitaminado o polvo para batidos, entre otros productos.

 

Esta situación ha alcanzado ya niveles críticos, como lo demuestra el hecho de que el gobierno cubano haya pedido ayuda por primera vez al Programa Mundial de Alimentos (PMA) para poder cumplir con el kilogramo de leche mensual para los niños menores de 7 años que se vende de manera subvencionada mediante la libreta de abastecimientos. No obstante, a pesar de haber llegado al país 144 toneladas de leche en polvo descremada en concepto de donación de este organismo internacional, esa cantidad apenas cubre 6% del total necesario.

 

A pesar del discurso gubernamental desde 1959 de que la producción de leche y derivados lácteos sería abundante, esta ha venido decayendo más aún cada año. De hecho, el pasado mes de febrero, autoridades del gobierno cubano pidieron a los campesinos ganaderos que renunciaran a la leche a la cual sus hijos tienen derecho por la bodega. Esta petición no solo evidencia la incapacidad estatal para garantizar tal producto de la canasta básica; también destruye la propaganda oficial sobre las garantías e igualdad social para el pueblo en la Isla.

 

El pan, por otra parte, atraviesa una situación similar de reducción tanto en la venta estatal normada como liberada.

 

También en febrero de 2024, el Ministerio de la Industria Alimentaria (MINAL) declaró la necesidad de reducir el abastecimiento de pan en el mes de marzo debido a retrasos en los cargamentos de trigo y harina. De tal modo, en varias provincias del país, como Villa Clara y Las Tunas, el pan de la bodega está limitado a los niños menores de 14 años y mujeres embarazadas, quedando el resto de la población sin derecho a comprar este alimento mediante las libretas de abastecimiento.

 

La justificación para la crisis con el pan, una vez más, es achacada por el Gobierno al embargo estadounidense, que “entorpece la compra de trigo en el mercado internacional” y su transportación desde países lejanos. Sin embargo, contrasta la facilidad con que las mipymes importan la harina de Castilla; donde el precio de venta de un kilogramo promedia los 500 CUP —un tercio de la jubilación mínima.

 

Al igual que con la leche, las autoridades alimentarias del país han decidido utilizar sustitutos o extensores para la harina de trigo a base de boniato, yuca o calabaza. Esto hace que la calidad del poco pan que se pueda producir disminuya de manera drástica y obligue al pueblo a consumir otros ingredientes sin más elección.

 

La crisis en la producción y abastecimiento de estos productos básicos en la alimentación de cualquier país resultan evidencia palpable de la incapacidad del gobierno cubano para garantizar un suministro mínimo de alimentos, así como de la grave inseguridad alimentaria por la que atraviesan los cubanos. La solución ofrecida por las autoridades gubernamentales desde hace décadas es restringir cada vez más los alimentos.

 

Sin embargo, las medidas tomadas por el Gobierno y el MINAL redundan en un alza de los precios tanto en el mercado negro como en las mipymes, donde un kilogramo de leche puede llegar a costar tanto como un salario mínimo. Por ende, el poder de adquisición, sobre todo de quienes malviven solo con su salario estatal, disminuye por día frente a los incrementos súbitos del costo de vida en Cuba.

 

Por otra parte, el 31 de marzo del presente año finaliza la prórroga que, según la Resolución 280/2023, permite la importación de alimentos, productos de aseo, medicamentos e insumos médicos sin pago de impuestos aduanales. Esta medida, implementada inicialmente en 2021 tras las manifestaciones pacíficas del 11J, fue utilizada por el Gobierno como válvula de escape ante la visible escasez de alimentos y medicinas en medio de la pandemia de la covid-19.

 

La implementación de esta resolución y sus antecesoras (309/2021 y 133/2023) permitió aliviar un poco la falta de alimentos y el deterioro económico en las familias que recibían visitas o ayudas desde el exterior. Por tanto, eliminar la prórroga en estos momentos, cuando la crisis alimentaria y económica se ha profundizado aún más, contribuiría al alza de los precios de los alimentos y al empeoramiento de la dieta de las personas que, de cierta manera, se ven beneficiadas por esta medida.

 

Por estas razones, desde Food Monitor Program monitoreamos la situación existente en el país con el objetivo de analizar y dar a conocer, tanto a la comunidad cubana como internacional, la inseguridad alimentaria que sufre la Isla.

 

Asimismo, llamamos la atención sobre la cada vez más visible incapacidad del gobierno cubano de garantizar a su población una mínima soberanía y seguridad alimentarias, violando el derecho humano a una alimentación digna y saludable.

 

De igual manera, resulta importante evidenciar cómo el discurso de las autoridades gubernamentales cubanas sigue escudándose tras el embargo económico de Estados Unidos a la Isla sin reconocer sus propios errores en la toma de decisiones económicas, en especial en el sector agroalimentario, al cual apenas destina recursos para mantenerlo y desarrollarlo.

 

También resulta imprescindible que el Gobierno en general y los Ministerios en particular emitan registros públicos donde transparenten el destino de las donaciones alimentarias recibidas desde otros países y organizaciones internacionales; así como el uso de los fondos que, según figuras oficiales, deberían ser empleados en la compra de alimentos, como es el caso del dinero recogido por la compañía telefónica Etecsa, que, supuestamente, se destina a garantizar la leche para los niños menores de 7 años de edad.