En los últimos años y ante el colapso multisistémico de los servicios en Cuba, ha sido el sector privado el que mayor crecimiento y oferta ha asegurado en varios renglones. Experiencias anteriores demuestran que este tipo de decretos desincentivan la producción no estatal al crear mayor incertidumbre en la inversión (los mismos productos que ahora se regulan demoran alrededor de tres meses en ser encargados, comprados y transportados a la Isla), amplificar el accionar de contratos no legales y del mercado negro, y en general, aumentar el desabastecimiento. El ajuste de precios no es un remedio eficaz contra la inflación, y tendencialmente contribuye a aumentar la desigualdad socioeconómica al distinguir el acceso a los alimentos por oferta y pago, sin un programa de protección social. Una vez más, al igual que lo ocurrido con las llamadas tiendas en MLC, el resultado no solamente antagoniza con el propósito de las medidas oficiales, sino que empeora la situación de la que se partió.

Aún más alarmante es la declaración de “economía de guerra”, más recalcitrante que el maquillado “Periodo Especial en Tiempos de Paz” decretado en la década de los 90 y que según economistas ha resultado ser de menor envergadura que la crisis actual. Como ya se comienza a constatar, la economía de guerra es el nivel máximo de emergencia nacional, donde las decisiones son tomadas directamente por el ejecutivo, de forma excepcional. Este estado de excepción facilita la acidificación de políticas públicas, un mayor control general y la racionalización de bienes y servicios. En paralelo, atenta contra el crecimiento económico y el desarrollo productivo; por ejemplo, en el mismo comunicado oficial, el Gobierno anunció posponer y paralizar inversiones “que no sean imprescindibles”. Teniendo en cuenta que las últimas inversiones “necesarias” han estado destinadas al sector turístico, en un país que acumula menos de la mitad de la cifra de viajeros internacionales que tenía hace cinco años atrás, podemos prever un impacto negativo similar.

Food Monitor Program recuerda que el actual contexto económico en Cuba tiene como una de sus principales causas la fallida Tarea Ordenamiento y el retroceso de garantías y respaldos sociales sin medidas paliativas para una población vulnerable en extensión. El colapso de hasta un 67% de la producción alimenticia en los últimos cinco años, la ineficacia de las llamadas 63 medidas para dinamizar la agricultura, así como la inclinación a la dolarización y a contratos patrimonialistas dentro del capitalismo de Estado cubano han dado como resultado que más de un 90% de los cubanos hayan perdido acceso considerable a los alimentos desde la Tarea Ordenamiento. Food Monitor Program conmina a una voluntad y responsabilidad estatal que priorice a una población extendidamente vulnerable, con disposiciones realistas,  consensuadas y alejadas del excesivo control estatal, así como un mecanismo de rendición de cuentas que permita mayor incidencia ciudadana en términos de seguridad alimentaria.